ocumentos para la obtención de la Autorización de residencia Temporal inicial de Extranjeros (Ex -01)
a) Copia del pasaporte o documento válido para la entrada en España o, en su caso, cédula de inscripción, en vigor.
b) Cualquier documento que acredite el tiempo previo de residencia legal y continuada en España, o de permanencia de hecho.
c) 3 Fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
d) Visado de residencia en vigor, salvo los casos en que éste no sea necesario según las previsiones legales y reglamentarias.
e) Certificado de antecedentes penales, expedido por las autoridades del país de origen o de procedencia o, en su caso, certificado de las autoridades españolas de exención de este requisito.
f) Certificado médico oficial, si el solicitante no lo hubiese aportado para la obtención del correspondiente visado, en su caso.
g) Justificación de medios de vida suficientes para el período de residencia que solicita, o que dichos ingresos van a recibirse periódicamente, y de tener garantizada asistencia sanitaria pública o privada.
TIEMPO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO CONCEDIDA
Será de un año
No obstante transcurrido un mes desde la notificación de la autorización sin que se haya cumplido la condición señalada, la autorización quedará sin efecto. En este caso se requerirá al empresario o empleador en los casos del apartado 1 y al propio trabajador extranjero, en los casos del apartado 2, para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente.
Durante el mes inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la autorización, el extranjero deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero, que será expedida por el plazo de validez de la autorización.
RESIDENCIA PERMANENTE
Pasaporte completo o título de viaje o, en su caso, cédula de inscripción en vigor.
Documentación acreditativa de estar en alguno de los siguientes supuestos de acceso: haber residido legalmente en España durante 5 años; ser beneficiario de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez; haber nacido en España y haber residido 3 años antes de la solicitud; haber sido español de origen; haber estado, al llegar a la mayoría de edad, bajo la tutela de una entidad pública española de forma consecutiva durante los cinco años inmediatamente anteriores; ser apátrida o refugiado; haber contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España o a la proyección de España en el exterior.
ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE EXPULSIÓN PENDIENTES:
La concesión de la autorización determinará el archivo de los expedientes de expulsión pendientes de resolución, así como la revocación de oficio de las órdenes de expulsión, que hayan recaído sobre el extranjero titular de la autorización, cuando el expediente o la orden de expulsión correspondiente esté basada en las causas previstas en el artículo 53.a) y b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de marzo (encontrarse ilegalmente en territorio español sin la documentación requerida para ello).
La denegación de la autorización implicará la continuación de los expedientes de expulsión y la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas.
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Los municipios españoles con mayor porcentaje de población inmigrante empadronada apuestan por políticas de integración y defienden que tanto los extranjeros ‘con papeles como los sin papeles’ puedan registrarse en el padrón, en referencia a la polémica surgida en Vic (Barcelona) sobre el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular. Además, se apoyan en su experiencia para plantear los problemas que encuentran en la Ley de Extranjería y la falta de ayudas por parte del Gobierno.
El alcalde de Rojales (Alicante), el municipio de más de 15.000 habitantes que tiene mayor porcentaje de inmigrantes empadronados de España, Antonio Martínez Cánovas (Partido Popular), aseguró que ‘hay que seguir, independientemente de lo que pienses algunos, intentando integrar a todos los ciudadanos vengan de donde vengan’.
En Rojales el 73,9 por ciento de la población es inmigrante, según datos del Padrón municipal publicado en el 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de ellos son ciudadanos comunitarios, principalmente ingleses, que tienen en el municipio su segunda residencia. En cualquier caso, pese a reconocer que ‘Rojales no tiene el problema de la inmigración ilegal’, Martínez apostó por una política de integración que lleve a acoger lo mejor posible a los que vengan de fuera, ‘con papeles o sin papeles’.
En este sentido, señaló que su mayor esfuerzo se centra ‘en la política lingüística, en el idioma’ y, por lo tanto, ‘se facilita gratuitamente que accedan a cursos de español’. Sin embargo, advirtió de que hay unos requisitos, a la hora de empadronar, que se deben cumplir: ‘que tenga un espacio para vivir, que no haya hacinamiento y que realmente vengan aquí a residir’.
‘INTEGRAR EN LUGAR DE EXCLUIR’, EN CATALUÑA
Por su parte, Castelló d’Empúries es el municipio catalán con mayor porcentaje de extranjeros empadronados con un 49,9 por ciento de la población. Su alcalde, Salvi Güell (Esquerra Republicana de Catalunya), afirmó que en los últimos presupuestos han reforzado los servicios sociales, ya que ‘es mejor una buena integración que una exclusión porque al final los problemas que te puede reportar la gente excluida son mayores que si intentas integrarlos’.
En este sentido, Güell explicó que han hecho frente a la integración desde hace mucho tiempo, ya que su situación ‘privilegiada’ provocó que poco a poco, muchos propietarios extranjeros fueran a instalarse allí, ‘sobre todo alemanes, franceses e ingleses’. Sin embargó indicó que ‘últimamente ha habido una inmigración diferente, que es la del norte de África, de países del Este y de suramericanos’, por lo que en la actualidad, su municipio cuenta con más inmigrantes nacidos fuera de la Unión Europea que comunitarios.
Asimismo, insistió en que ‘ha cambiado el tipo de inmigrante’, pero ‘se les trata igual que a los otros’ y, por lo tanto, ‘en temas de educación ya se tiene una política especial para que se integren lo antes posible, a nivel de servicios hay gente que habla los idiomas correspondientes y además, se cuenta en el padrón con un agente de integración para los magrebíes’. ‘Nos hemos ido adaptando a las nuevas circunstancias’, concluyó.
Por último, aludió al debate sobre el empadronamiento y dijo que su Ayuntamiento ‘es muy escrupuloso en lo que marca la normativa y lo aplican’. Así, criticó que ‘dos o tres municipios quieran hacer las cosas diferentes’, debido a que ‘esto no sirve para nada’. ‘O cambiamos todos la normativa o no se cambia’, apostilló.
Por otro lado, matizó que para ver ‘si está bien aplicada o no’ la ley, ‘se tendrían que reunir las instituciones competentes’ y, en todo caso, ‘si hay que hacer variaciones, que lo digan y que todos los municipios sigan el mismo patrón’. Pero ‘a día de hoy’, sentenció Güell, ‘el padrón debe reflejar la realidad del municipio. No sirve nada que esté la gente viviendo en el municipio sin empadronarse porque falsea la realidad’.
‘NECESITAMOS MÁS AYUDA’, DESDE MADRID
Fresnedillas de la Oliva, gobernada por el Partido Popular, es el caso madrileño. Con un 40 por ciento de población inmigrante empadronada y 27 nacionalidades diferentes, conviviendo encabeza la lista de la Comunidad. El alcalde del municipio, Antonio Reguilón, solicitó ‘más ayuda’ para poder hacer frente a los servicios ‘cada vez mayores’ que tiene que ofrecer a sus vecinos.
Además, añadió que ‘se reducen las ayudas del Estado un año sí y otro año también’. ‘Este último año la Consejería de Inmigración no ha tenido un duro del Estado, lo hemos tenido que sacar a través de un fondo europeo y a través de una ONG’, lamentó.
En el pueblo, los 559 extranjeros empadronados, de los 1.392 habitantes, reciben formación a nivel de empleo en tapicería, repostería y hostelería. También se apuesta por la integración con la apertura de una escuela de deporte que, según el alcalde, ‘está viniendo muy bien para toda la población juvenil, sobretodo marroquí, que es una población más desarraigada’, ya que ‘a través del deporte se consiguen cambios muy grandes en su actitud y en la manera de ver la vida que tienen’.
Reguilón aseguró que desde el Ayuntamiento ‘el 70 por ciento del trabajo municipal y administrativo es dedicado a ellos, como no podría ser de otra manera’ e indicó que sólo los gastos de formación suponen una ‘inversión de cerca de 450 mil euros’. En el caso del centro de educación del pueblo, advirtió de que ‘no tiene medios suficientes’, ya que ‘entre el 60 y el 65 por ciento de los alumnos son inmigrantes’ y supone un problemas que ‘haya niños que tengan que asistir a las clases sin hablar ni siquiera el idioma’, por lo que insistió en pedir ‘más ayuda’ para solventar ese tipo de deficiencias.
En otro orden de cosas, celebró el ‘buen ambiente’ del pueblo, con una convivencia que calificó como ‘fantástica’ pese a ‘no tener policía ni Guardia Civil’. ‘En verano, cuando nos juntamos hasta 8.000 personas, por las fiestas, no ha habido ni un amago de pelea, lo que resulta sorprendente’, explicó.
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Durante su discurso de clausura en la Escuela de Invierno del PP, Rajoy, en tono conciliador, se ofreció a poner “orden y control” en la política de inmigración del Gobierno de Zapatero, que considera errática. “Estamos pagando la demagogia de los papeles para todos. La regularización masiva fue un disparate”, afirmó en el acto celebrado en La Pedrera y ante los cuadros del PP. Tras recordar, como hace siempre, que por su origen gallego tiene que estar por razones obvias a favor de la inmigración, Rajoy anunció que presentará en el Congreso una serie de iniciativas para poner coto a la entrada de extranjeros.
“El padrón tiene su importancia, pero lo importante es la política de inmigración”, insistió Rajoy, que mezcló extranjeros comunitarios y extracomunitarios al recordar que si en 2004 las tarjetas de residencia eran 1,6 millones, en 2009 ya sumaban 4,7 millones. Y cifró en 5,5 millones los extranjeros en el censo en 2009. A tenor de esos datos, Rajoy afirmó que el verdadero debate es saber cuál es la capacidad de acogida de España, tanto desde el punto de vista de la oferta de trabajo como de la capacidad de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para dar servicios con los problemas financieros que sufren. “Esto necesita orden y control”, afirmó.
La propuesta del líder del PP pasa por modificar la legislación vigente que considera, en la misma línea de CiU, contradictoria porque, por un lado, obliga a expulsar y, por otro, a empadronar a los sin papeles. “La ley dirá que hay que censar, y se debe cumplir, aunque quizá habrá que cambiarla”, abundó Rajoy, que, en una entrevista a Catalunya Ràdio, dijo que el acatamiento de la ley vale tanto para Vic, que se planteó no censar, como para Torrejón, gobernado por el PP, y que ponía condicionantes. “El Ayuntamiento de Torrejón también debe cumplir la ley”, dijo.
Y a partir de ahí rescató el plan de medidas que ya presentó en 2008 y que pasan, de entrada, por su polémico contrato de integración, rechazado en el Parlamento, en el que los inmigrantes deberían aceptar derechos y deberes. “Tenemos una historia, una cultura, una tradición plasmada en la Constitución que tenemos que cumplirla nosotros y los que vengan de fuera”, defendió. Luego apuntó que no se pueda dar un permiso de trabajo a un extranjero con un expediente de expulsión y que sean deportados los inmigrantes con condenas mayores a seis meses. “Eso pasa en muchos lugares”, justificó. Lo que no dijo Rajoy es que desde 2003 y a instancias suyas se reformó el Código Penal para expulsar a extranjeros con esas penas. El Supremo, sin embargo, no aplica el artículo por estimarlo inconstitucional.
Satisfecha por haber iniciado un debate “sin complejos”, Alicia Sánchez-Camacho, anfitriona de Rajoy y presidenta del PP en Cataluña, se mostró feliz por haber tenido “el valor, el coraje y la valentía” de encarar el tema de la inmigración. “Hablamos de lo que nos pide la gente: una inmigración ordenada y legal. En Cataluña, España o cualquier parte del mundo no cabemos todos”, insistió. El ex presidente de Gobierno, José María Aznar, intervino en la polémica y en TVE se distanció del análisis de Rajoy al considerar que el caso de Vic y Torrejón no tienen nada que ver. Aznar consideró un “error gravísimo” el caso de Vic. “Los culpables son los mismos (el gobierno de Vic formado por CiU, PSC y ERC) que anduvieron por toda España diciendo ‘papeles para todos’. En Torrejón se han establecido cláusulas adicionales, no se han negado a empadronar”.
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Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales normalmente llamado “residencia por arraigo social” se concede a los extranjeros que cumplen con cuatro requisitos principales:
Requisito 1. Demostrar la estancia continuada en España durante los tres últimos años.
La documentación que demuestra la estancia en España durante los últimos años tiene que ser preferiblemente emitida por la Administración Pública, es decir Ayuntamiento, Hospitales , Policía, estos documentos tienen el carácter preferente para el órgano instructor de Delegación del Gobierno, igual podemos presentar la documentación que demuestra la estancia emitida por las empresas privada como: certificados de envió de dinero, documentos emitidos por los médicos privados, contratos bancarios, etc.
El extranjero tiene que demostrar la estancia en España durante tres años de forma continua, no siendo suficiente acreditación de la estancia “hace tres años”.
Requisito 2. Cuentar con un contrato de trabajo suscrito con el empleador por el periodo mínimo de un año.
Igual que en el Régimen General el empleador que suscribe el contrato de trabajo tiene que demostrar la solvencia económica y la carencia de las deudas con la Seguridad Social y Agencia Tributaria. Por este motivo tenemos que aportar junto la solicitud de residencia las declaraciones fiscales del empleador, junto con los contratos mercantiles o presupuestos firmados que acreditan la existencia y volumen de trabajo, que justifica la contratación de nuevos empleados. El contrato debe tener la vigencia de un año y el salario debe ser acorde al convenio colectivo aplicable.
Requisito 3. Tener el informe de Servicios Sociales del Ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual, o tener padres, hijos, o cónyuges con autorización de residencia en España
Actualmente la solicitud de emisión de certificado de “inserción social” emitido por los Servicios Sociales no representa grandes dificultades. El inmigrante tiene que presentar la solicitud de este informe en el Ayuntamiento correspondiente, tendrá que realizar una entrevista de trabajador social, en esta entrevista el extranjero debe demostrar el tiempo de permanecía en España, los medios de vida con los que cuenta, el conocimiento de la lengua castellana, acreditar el arraigo socio laboral en la sociedad española.
En el caso de tener vínculos familiares con los residentes legales (padres, hijos, cónyuges) , debe acreditarlos con la documentación debidamente legalizada y traducida en caso necesario.
Requisito 4. Tener el certificado que justifica la carencia de antecedentes penales de los países donde residió durante últimos cinco años, conseguir este documento normalmente no presenta dificultades, pues se tramita en los consulados, o en el país de origen a trevés de un apoderado.
También existe el llamado “arraigo laboral” en este caso el trabajador extranjero debe permanecer en España durante dos años, y demuestra la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año.
La dificultad de este procedimiento se radica en pruebas de las relaciones laborales durante un año, el reglamento exige las pruebas por medio de sentencia judicial o resolución de inspección de trabajo. Lógicamente la mayoría de los extranjeros que trabajan sin alta en la Seguridad Social no desean a denunciar a sus empleadores.
También existe el procedimiento de solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales a los extranjeros víctimas de los delitos contra los delitos de los trabajadores, racismo, antisemita u otra clase de discriminación, igual como a las víctimas de los delitos por conductos violentas ejercidas en el entorno familiar.
Igual se puede solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales cuando un extranjero sufre una enfermedad sobrevenida de carácter grave que requiera asistencia sanitaria especializada, de imposible acceso en su país de origen, y el hecho de interrumpir el interrumpir el tratamiento médico supone el grave riesgo para la salud o vida.
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La Oficina de Extranjería de Valladolid, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha empezado ya a prestar servicio en su nueva dirección, en la calle Antonio Lorenzo Hurtado, en la Huerta del Rey, en un edificio de nueva construcción anejo a la Delegación del Gobierno. En la nueva sede, en la que comparte ubicación con el Área de Trabajo, la Oficina seguirá prestando los servicios habituales como la tramitación de autorizaciones de residencia, la solicitud de la tarjeta de identidad para extranjeros, las reagrupaciones familiares o certificados de registro como residentes.
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