Objeto.
Las resoluciones y actos de la Administración, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.
El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.
Categories: Recurso de alzada
| 
Etiquetas: Recurso de alzada, recursos
| 
No comments
MADRID A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
AREA DE TRABAJO E INMIGRACION
Calle Serrano 69
28006 Madrid
Expediente: 28012009000XXXX
Asunto: Recurso de reposición
Solicitante: YYYYYYYYYY
Doña YYYYYY, en su propio nombre, con los datos personales que Constan en el expediente arriba Referenciado, ante este organismo comparezco y como mejor proceda en Derecho,
EXPONGO
I. – Que con fecha 14 de abril de 2009 se me ha notificado la Resolución de fecha 3 de abril de 2009 dictada por el organismo al que me dirijo acordando ARCHIVAR POR Desistimiento la Solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales por Presentada por mí el Día 23 de febrero de 2009. Se aporta copia de Dicha Resolución como documento n º 1.
II .- Que no estando conforme con Dicha Solicitud por considerarla lesiva a mis Intereses vengo a interponer en tiempo y forma Recurso de reposición, Conforme a los Artículos 116 y 117 del la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4 / 1999, de 13 de Enero, (LRJPAC) Todo ello en una base de las Siguientes:
Alegaciones
PRIMERA .- DISCONFORMIDAD CON LOS MOTIVOS ALEGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS MISMOS DESVIRTUACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
Que el día con 23 de febrero de 2009 presente la Solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales. En el momento de presentación de Los Funcionarios de Delegación del Gobierno han requerido Copias de la escritura de propiedad de las viviendas A nombre de los empleadores, Declaraciones de la Renta, volantes de empadronamientos de los empleadores, el dia 18 de marzo de 2009 que toda aportado la documentación requerida, aporto como prueba la copia del stock de nuestro proveedor con el sello de la entrada de la documentación con fecha 18/03/2009 (Documento 2).
No obstante lo Dicha Solicitud Cual ha sido archivada según:
- No aportar la documentación requerida el día 23/02/2009
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4 / 1999 en su artículo 48 (denominado “Cómputos”) establece:
1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, Cuando Los Plazos se señalen por días, se entiende que Estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
Cuando Los Plazos se señalen por días naturales, Se hará constar esta Circunstancia en las Correspondientes notificaciones.
4. Los Plazos expresados en días se Contarán a partir del día siguiente en un Aquel Que tenga lugar la Notificación o publicación del acto de que se Trate, o desde el siguiente un aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
Aplicando Normas dispuestas se deduce que: Si Solicitante Recibió el stock de nuestro proveedor el día 23/02/2009, el Plazo para Presentar la documentación caducaba el día 18 de marzo, El Día Cuando se presento la documentación.
SEGUNDA .- VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 24 CE
El artículo 24 CE Establece que todas las personas Tienen derecho a Obtener la tutela Efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e Intereses LEGITIMOS, que el pecado, en ningun caso, producirse indefensión Pueda, precepto que ha de Conectarse con el artículo 103 CE Según el Cual La Administración Pública sirve con objetividad los Intereses generales y Actúa de Acuerdo con los Principios de Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración con Coordinación y Sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y con el artículo 106.1 CE según el Cual Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, Así como el Sometimiento de ésta A LOS multas que la justifican, reiterando Estos Principios El artículo 3.1 LRJPAC.
Resulta Evidente que en el presente caso la actuación arbitraria de la Administración ha producido una clara indefensión para el recurrente, pues fundamenta su Decisión en una serie de Afirmaciones absolutamente erróneas, como que la Solicitante no aporto la documentación, Siendo lo cierto que presento toda Solicitante La documentación en el Plazo Legalmente Establecido, Violando GRAVEMENTE los Principios rectores de la vida social, Amparado por el ordenamiento jurídico español.
Manifiesto Nos encontramos ante un ostensible, Indiscutible y Evidente Cometido error por parte de la Administración, para Cuya apreciación que no Acudir Hay a interpretaciones jurídicas, pudiéndose Apreciar Claramente TENIENDO EN CUENTA Únicamente los documentos que se aportan junto con este escrito y que desvirtúan las Alegaciones realizadas por la Administración.
TERCERA.-VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 30/1992
Señala el artículo 71.1 LRJPAC Que si la Solicitud de iniciación no Reúne Los Requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos en su caso por la Legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un Plazo Establecido (en este caso son 20 días ), subsane la falta o acompañé los documentos preceptivos, con Indicación de que, Si así no lo hiciera, se le Tendrá por desistido de su petición, previa Resolución que Debera ser dictada en los términos PREVISTOS en el artículo 42.
I. – A mayor abundamiento, señala el artículo 76.2 LRJPAC que Cuando En cualquier momento se Considere que alguno de los actos de los INTERESADOS no Reúne Los Requisitos Necesarios, la Administración lo pondra en conocimiento de su autor, concediéndole un Plazo de diez días para cumplimentarlo
Así pues, la Administración realizo al Solicitante el stock de nuestro proveedor en el momento de presentación, que ha sido cumplido rigorosamente, pero no realizo Ningún otro posteriormente, Durante el Procedimiento Antes de dictar la Resolución, negando al interesado el derecho de subsanar el posible defecto de su Solicitud e impidiéndole ser oído en el Procedimiento y aportar la pertinente documentación, habiendo quedado acreditado que Suficientemente XXXXXXX aporto toda la documentación requerida en el Plazo Establecido por la Administración, como acreditan los documentos que se aportan.
Se produce la paradoja de que Cuando La Administración tiene la Obligación de requerir al interesado para subsanar un defecto no lo hare, causándole en este caso una indefensión, pues no sólo no se le ha Dado la oportunidad de aportar la documentación pertinente que desvirtuase el defecto alegado por la Administración sino que, lo que es más grave, Ni siquiera existia dicho defecto. Y no conforme con esto, la Administración alega como motivo El incumplimiento por parte del interesado de un stock de nuestro proveedor supuesto que como ha quedado debidamente acreditado no se Realizó.
CUARTA .- Nulidad DE PLENO DERECHO: ARTÍCULO 62.1 LRJPAC
Señala el artículo 62.1 LRJPAC los actos de la Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos y siguientes:
a) – Los que lesionen los derechos y Libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) – Los dictados prescindiendo total y absolutamente del Procedimiento Legalmente Establecido o de las Normas que CONTIENEN LAS REGLAS esenciales para formación de la voluntad “de los Órganos Colegiados.
Como se ha Expuesto anteriormente se ha producido una clara vulneración del artículo 24 CE, precepto que RECONOCE el derecho de tutela judicial Efectiva y susceptibles de amparo constitucional. Así mismo, se han incumplido los trámites procedimentales Establecidos en la LRJPAC al no aplicarse en artículo 71 de dicho cuerpo legal, concurriendo por lo tanto los presupuestos Necesarios para acordar la nulidad de pleno derecho del acto administrativo que se recurre.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MADRID, ESPACIO DE TRABAJO E INMIGRACION Que TENIENDO Presentado por este escrito junto con los documentos que se acompañan, Tenga por Interpuesto Recurso de reposición contra la Resolución de fecha 3 de abril de 2009 y previos los trámites oportunos Dicte Resolución aceptando los Pedimentos del presente escrito, anulando y revocando el acto de referencia, y Resuelva favorablemente la Solicitud de Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales un favor de XXXXX.
Es Justicia que pido en Madrid a 16 de abril de 2009
Categories: Recurso de reposicion
| Etiquetas: Recurso de alzada, Recurso de reposicion, recurso extranjeria
| No comments
ocumentos para la obtención de la Autorización de residencia Temporal inicial de Extranjeros (Ex -01)
a) Copia del pasaporte o documento válido para la entrada en España o, en su caso, cédula de inscripción, en vigor.
b) Cualquier documento que acredite el tiempo previo de residencia legal y continuada en España, o de permanencia de hecho.
c) 3 Fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
d) Visado de residencia en vigor, salvo los casos en que éste no sea necesario según las previsiones legales y reglamentarias.
e) Certificado de antecedentes penales, expedido por las autoridades del país de origen o de procedencia o, en su caso, certificado de las autoridades españolas de exención de este requisito.
f) Certificado médico oficial, si el solicitante no lo hubiese aportado para la obtención del correspondiente visado, en su caso.
g) Justificación de medios de vida suficientes para el período de residencia que solicita, o que dichos ingresos van a recibirse periódicamente, y de tener garantizada asistencia sanitaria pública o privada.
TIEMPO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO CONCEDIDA
Será de un año
No obstante transcurrido un mes desde la notificación de la autorización sin que se haya cumplido la condición señalada, la autorización quedará sin efecto. En este caso se requerirá al empresario o empleador en los casos del apartado 1 y al propio trabajador extranjero, en los casos del apartado 2, para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente.
Durante el mes inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la autorización, el extranjero deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero, que será expedida por el plazo de validez de la autorización.
RESIDENCIA PERMANENTE
Pasaporte completo o título de viaje o, en su caso, cédula de inscripción en vigor.
Documentación acreditativa de estar en alguno de los siguientes supuestos de acceso: haber residido legalmente en España durante 5 años; ser beneficiario de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez; haber nacido en España y haber residido 3 años antes de la solicitud; haber sido español de origen; haber estado, al llegar a la mayoría de edad, bajo la tutela de una entidad pública española de forma consecutiva durante los cinco años inmediatamente anteriores; ser apátrida o refugiado; haber contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España o a la proyección de España en el exterior.
ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE EXPULSIÓN PENDIENTES:
La concesión de la autorización determinará el archivo de los expedientes de expulsión pendientes de resolución, así como la revocación de oficio de las órdenes de expulsión, que hayan recaído sobre el extranjero titular de la autorización, cuando el expediente o la orden de expulsión correspondiente esté basada en las causas previstas en el artículo 53.a) y b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de marzo (encontrarse ilegalmente en territorio español sin la documentación requerida para ello).
La denegación de la autorización implicará la continuación de los expedientes de expulsión y la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas.
Categories: Noticias
| Etiquetas: expulsion, extranjeros, reagrupacion familiar, Recurso de alzada, Residencia por arraigo
| No comments
En situación límite. Los extranjeros no comunitarios residentes en la provincia de Alicante con permisos de residencia temporal y que hayan perdido su trabajo en los últimos dos años pueden encontrarse en una situación dramática. En concreto, un estudio elaborado por el Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante Asti Alicante apunta que cerca de 5.000 inmigrantes no comunitarios con este tipo de autorizaciones quedarán en situación irregular en los próximos meses tras perder su trabajo y no cotizar durante seis meses en la Seguridad Social tras perder su trabajo por la crisis económica.
Lastre para la economía
Para Asti-Alicante, “el agravamiento de la crisis entre la población extranjera no comunitaria y la existencia de una legislación poco flexible coloca a cientos de familias en la ilegalidad” y añaden que “las que vivirán con mayor intensidad esta situación sin duda serán familias enteras con hijos que incluso pueden haber nacido aquí”. Entre las consecuencias, Asti considera que generaría “un enorme lastre para la economía porque se volvería a engrosar una enorme bolsa de trabajadores cuya única salida es la economía sumergida y que son fácilmente víctimas de explotación laboral”. En la actualidad, la provincia tiene una población inmigrante no comunitaria en situación irregular de 40.608 personas, lo que supone que uno de cada cuatro de estos extranjeros residiría ilegalmente.
Para combatir esta situación, el Obispado propone la priorización de las políticas de empleo como técnica de integración, así como el desarrollo de los servicios de asesoría jurídica y la aplicación flexible de la normativa.
(extracto del artículo publicado en el Diario INFORMACIÓN)
Categories: Noticias
| Etiquetas: oficinas delegacion del gobierno, Recurso de alzada, Recurso de reposicion, renovar residencia
| No comments
