Aqui facilitamos un recurso de Alzada. RECURSO DE ALZADAAL ORGANO COMPETENTE AL QUE SE DIRIGE LA PETICION.D./Dª. ………………, mayor de edad, con N.I.F. …., con domicilio en la calle ……, nº ……., piso ……., en ……., provincia de ……., designado el mismo a efectos de notificaciones, actuando en nombre y derecho propio y en condición [...]
Categories: Recurso de alzada
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Etiquetas: formularios extranjeria, Recurso de alzada, Recurso de reposicion, renovar residencia
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Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales normalmente llamado “residencia por arraigo social” se concede a los extranjeros que cumplen con cuatro requisitos principales:
Requisito 1. Demostrar la estancia continuada en España durante los tres últimos años.
La documentación que demuestra la estancia en España durante los últimos años tiene que ser preferiblemente emitida por la Administración Pública, es decir Ayuntamiento, Hospitales , Policía, estos documentos tienen el carácter preferente para el órgano instructor de Delegación del Gobierno, igual podemos presentar la documentación que demuestra la estancia emitida por las empresas privada como: certificados de envió de dinero, documentos emitidos por los médicos privados, contratos bancarios, etc.
El extranjero tiene que demostrar la estancia en España durante tres años de forma continua, no siendo suficiente acreditación de la estancia “hace tres años”.
Requisito 2. Cuentar con un contrato de trabajo suscrito con el empleador por el periodo mínimo de un año.
Igual que en el Régimen General el empleador que suscribe el contrato de trabajo tiene que demostrar la solvencia económica y la carencia de las deudas con la Seguridad Social y Agencia Tributaria. Por este motivo tenemos que aportar junto la solicitud de residencia las declaraciones fiscales del empleador, junto con los contratos mercantiles o presupuestos firmados que acreditan la existencia y volumen de trabajo, que justifica la contratación de nuevos empleados. El contrato debe tener la vigencia de un año y el salario debe ser acorde al convenio colectivo aplicable.
Requisito 3. Tener el informe de Servicios Sociales del Ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual, o tener padres, hijos, o cónyuges con autorización de residencia en España
Actualmente la solicitud de emisión de certificado de “inserción social” emitido por los Servicios Sociales no representa grandes dificultades. El inmigrante tiene que presentar la solicitud de este informe en el Ayuntamiento correspondiente, tendrá que realizar una entrevista de trabajador social, en esta entrevista el extranjero debe demostrar el tiempo de permanecía en España, los medios de vida con los que cuenta, el conocimiento de la lengua castellana, acreditar el arraigo socio laboral en la sociedad española.
En el caso de tener vínculos familiares con los residentes legales (padres, hijos, cónyuges) , debe acreditarlos con la documentación debidamente legalizada y traducida en caso necesario.
Requisito 4. Tener el certificado que justifica la carencia de antecedentes penales de los países donde residió durante últimos cinco años, conseguir este documento normalmente no presenta dificultades, pues se tramita en los consulados, o en el país de origen a trevés de un apoderado.
También existe el llamado “arraigo laboral” en este caso el trabajador extranjero debe permanecer en España durante dos años, y demuestra la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año.
La dificultad de este procedimiento se radica en pruebas de las relaciones laborales durante un año, el reglamento exige las pruebas por medio de sentencia judicial o resolución de inspección de trabajo. Lógicamente la mayoría de los extranjeros que trabajan sin alta en la Seguridad Social no desean a denunciar a sus empleadores.
También existe el procedimiento de solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales a los extranjeros víctimas de los delitos contra los delitos de los trabajadores, racismo, antisemita u otra clase de discriminación, igual como a las víctimas de los delitos por conductos violentas ejercidas en el entorno familiar.
Igual se puede solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales cuando un extranjero sufre una enfermedad sobrevenida de carácter grave que requiera asistencia sanitaria especializada, de imposible acceso en su país de origen, y el hecho de interrumpir el interrumpir el tratamiento médico supone el grave riesgo para la salud o vida.
Categories: Residencia por arraigo
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Prestaciones por desempleo
En España los trabajadores que ejercen una actividad por cuenta ajena (excepto los
funcionarios públicos y aquellos que no cotizan por este concepto, como en el caso
de los empleados del hogar) están obligatoriamente asegurados ante la pérdida de
un empleo. Las cotizaciones para esta cobertura las aportan los empresarios, los
trabajadores y el Estado.
El sistema español de prestaciones por desempleo tiene dos niveles de cobertura:
Prestaciones de Nivel Contributivo
Tienen derecho a recibir las prestaciones por desempleo de nivel contributivo todos
los trabajadores por cuenta ajena que tengan períodos cotizados al régimen general
de la Seguridad Social superiores a 360 días y pierdan total o parcialmente su
trabajo por causas ajenas a su voluntad.
Prestaciones de Nivel Asistencial y Subsidios
Los trabajadores en situación legal de desempleo e inscritos en los Servicios Públicos
de Empleo que no tengan derecho a las prestaciones contributivas o que las hayan
agotado pueden solicitar un subsidio o una prestación asistencial por desempleo si
reúnen alguna de las condiciones previstas para ciertos colectivos especiales (rentas
bajas, cargas familiares. mayores de 52 años, etc.)
El sistema español de Prestaciones por Desempleo lo gestiona el SPEE-INEM. Si se
queda sin trabajo estando en España, póngase en contacto con su oficina local del
SPEE, le darán información sobre su derecho a cobrar prestaciones por desempleo
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La Oficina de Extranjería de Valladolid, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha empezado ya a prestar servicio en su nueva dirección, en la calle Antonio Lorenzo Hurtado, en la Huerta del Rey, en un edificio de nueva construcción anejo a la Delegación del Gobierno. En la nueva sede, en la que comparte ubicación con el Área de Trabajo, la Oficina seguirá prestando los servicios habituales como la tramitación de autorizaciones de residencia, la solicitud de la tarjeta de identidad para extranjeros, las reagrupaciones familiares o certificados de registro como residentes.
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Existe en España un Gobierno autonómico que está dispuesto a tensar al máximo los límites de la Constitución por motivos económicos e ideológicos. Y no, no es el de Catalunya. De hecho, es la Comunidad de Madrid, el más puro antagonista político de las reivindicaciones catalanas de un mayor autogobierno, cuyo Ejecutivo busca incluso liderar un frente común autonómico para forzar al Estado a que abone la factura de los abogados de oficio. Un derecho gratuito universal reconocido por la Carta Magna y cuya gestión está transferida a las comunidades, que el Gobierno de la popular Esperanza Aguirre quiere restringir por ley a partir de este mes.
La presidenta considera «abusivo» el uso que se está haciendo de la justicia gratuita en casos relacionados con la inmigración ilegal y con los delitos de seguridad vial, y ha encargado la elaboración de un decreto, que pretende aprobar en enero, para limitar la prestación del servicio a aquellos detenidos que pueden justificar que no tienen recursos para pagar a un letrado.
Los principales afectados, en el caso de que la iniciativa prospere, serán los extranjeros retenidos en el aeropuerto de Barajas cuando intenten entrar ilegalmente en el país. Estos tienen también derecho a contar con un abogado de oficio, en virtud de la Constitución y de varias leyes que la desarrollan como la de enjuiciamiento criminal, la de justicia gratuita y la de extranjería.
ACTUACIONES «FRAUDULENTAS» / Otros dos colectivos a los que se persigue son los acusados por delitos de tráfico (exceso de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol) en juicios rápidos y los que tramitan demandas laborales en los juzgados de lo social. El Gobierno autonómico de Madrid asegura que en los tres casos han detectado actuaciones «fraudulentas» que «desnaturalizan» el concepto de la justicia gratuita. Apuntan a algunos abogados del turno de oficio que, presuntamente, alargan los procedimientos de expulsión de inmigrantes, pese a que su defendido ya no está en España y se halla en paradero desconocido. Y también a los propios clientes, en vistas por multas o despidos improcedentes. «Aunque el detenido sea inmensamente rico, le tenemos que sufragar la justicia gratuita. Eso no se puede soportar», asegura Aguirre.
Diferentes asociaciones de defensa de inmigrantes han criticado ya el futuro decreto por considerarlo «discriminatorio» y «contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia». El Partido Socialista de Madrid (PSM) pone en duda la «constitucionalidad» de la medida, que tacha de «seudoxenófoba», y acusa al PP de querer «ocultar» su deficitaria gestión de la administración de justicia en la comunidad, con la paralización de la construcción del Campus de la Justicia en Valdebebas (junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid), como principal evidencia. El Colegio Oficial de Abogados de Madrid coincide en la denuncia, de la que es víctima directa, ya que aún no ha cobrado del Gobierno de Aguirre la factura completa del 2009 correspondiente al turno de oficio.
REUNIÓN CON CHAVES / La Comunidad de Madrid calcula que este servicio le cuesta 50 millones de euros anuales y quiere convocar este mes una reunión de consejeros autonómicos para consensuar una estrategia conjunta ante el Ejecutivo estatal, en pos de reclamarle que asuma ese gasto. La presidenta madrileña alega que la financiación extra de esta prestación no estaba prevista en las competencias judiciales traspasadas a su comunidad. Y solicitará por ello un encuentro con el vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, en el marco de la comisión bilateral mixta de transferencias. Un organismo que el PP tiene recurrido en el Estatut catalán ante el Tribunal Constitucional.
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Es asi como piensa la “Sra” Esperanza Aguirre y la mayoria de sus compañeros de partido. A ellos no les importa la Constitución Española, ademas creo que se abstuvo en su día.
Esta “señora” se olvida de que todos tenemos derecho a la justicia gratuita o a un defensor de oficio sino nuestras posibilidades economicas no nos permite pagar a un letrado, y creo que la Constitución Española de 1978 es clara:
Artículo 119.
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Es evidente que esta “Señora” que como mamnifesto en su día, la pobre no llegaba a final de mes con su “humilde” sueldo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Constitución solo existe cuando beneficia a su partido o a ella. Mientras si puede evitar que un inmigrante vaya a la salud publica o tenga un abogado de oficio estara contenta y orgullosa. Por lo visto cree que todavia gobierna “Paquito el Chocolatero” y es evidente que donde gobierna este partido, es verdad. Que casualidad que en la mayoria de las Comunidades Autonomas donde gobiernan hayan infinidad de casos de corrupción, pero luego se jactan de que tienen la “solución para la crisis mundial” y es que fácil esa solución, la solución esta en sus bolsillos y en la especulación, la de convertir todos los Parques Nacionales en zonas urbanizables, destruyendo la naturaleza y con ello conseguir “ciertas ayudas” de los constructores.
¿Que sera lo próximo que hara esta “señora”?
Podía poner que los transportes publicos sean solo para los madrileños y que los inmigrantes y los de la “periferia” pagasemos cinco veces su valor, puestos a ser democráticos… seria una solución para la crisis. Eso si, ya que busca soluciones para que la economía de su Comunidad fuera mejor, la solución de una persona inteligente (recordar que ella felicito a la poetisa SARA-mago por su nobel) sería la de rebajar su “humilde sueldo” mileurista, para ponerse de acorde con los funcionarios que trabajan para esa Comunidad. Pero no en plena crisis, seguro que se subira su sueldo y muy por encima del IPC, es evidente que para esta “señora” la crisis no existe.
Y esa es la solución del partido de la derecha, sencillamente explotar aún más a los humildes, como hace 34 años… los que debemos pagar el pato somos los que estamos abajo, para ellos no existe la crisis.
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La nueva oficina de Extranjería abrirá por fin sus puertas en la primera semana del próximo año en los bajos de la Delegación del Gobierno, con entrada por el lateral que da al río en la calle Antonio Lorenzo Hurtado, una vez superados los innumerables contratiempos surgidos durante su construcción por culpa de la suspensión de pagos declarada por la empresa adjudicataria en el 2008.
Las dependencias están listas con catorce meses de retraso sobre los plazos previstos inicialmente -debía abrir en septiembre del año pasado- y los operarios trabajan ya en la colocación de muebles a la espera de la mudanza de los trabajadores que, por ahora, continúan atendiendo a los inmigrantes en el obsoleto inmueble del número 6 de la calle Santuario. El traslado definitivo tendrá lugar a lo largo de los próximos quince días y el edificio del centro quedará libre para que la Junta disponga de él para un fin que la Consejería de Hacienda, su titular, todavía no tiene decidido.
El Ejecutivo autonómico, que ya era el propietario del 58% del edificio -ocupado por las oficinas de Trabajo-, adquirió el resto a través de un convenio firmado el 24 de octubre del 2008 por el que cedía al Gobierno una parcela para el Campus de la Justicia. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció entonces su intención de reformar las dependencias de Santuario.
Las nuevas oficinas de Extranjería, que destacan por el llamativo color verde de las ventanas, contarán con la misma plantilla que las actuales, si bien disponen de unas instalaciones «mucho más dignas» para atender a los usuarios, que hasta ahora carecían de una sala de espera en condiciones en Santuario.
La encargada de rematar las obras fue la empresa Dragados, que asumió los trabajos dejados a medias por la Unión Temporal de
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