ocumentos para la obtención de la Autorización de residencia Temporal inicial de Extranjeros (Ex -01)
a) Copia del pasaporte o documento válido para la entrada en España o, en su caso, cédula de inscripción, en vigor.
b) Cualquier documento que acredite el tiempo previo de residencia legal y continuada en España, o de permanencia de hecho.
c) 3 Fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
d) Visado de residencia en vigor, salvo los casos en que éste no sea necesario según las previsiones legales y reglamentarias.
e) Certificado de antecedentes penales, expedido por las autoridades del país de origen o de procedencia o, en su caso, certificado de las autoridades españolas de exención de este requisito.
f) Certificado médico oficial, si el solicitante no lo hubiese aportado para la obtención del correspondiente visado, en su caso.
g) Justificación de medios de vida suficientes para el período de residencia que solicita, o que dichos ingresos van a recibirse periódicamente, y de tener garantizada asistencia sanitaria pública o privada.
TIEMPO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO CONCEDIDA
Será de un año
No obstante transcurrido un mes desde la notificación de la autorización sin que se haya cumplido la condición señalada, la autorización quedará sin efecto. En este caso se requerirá al empresario o empleador en los casos del apartado 1 y al propio trabajador extranjero, en los casos del apartado 2, para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente.
Durante el mes inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la autorización, el extranjero deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero, que será expedida por el plazo de validez de la autorización.
RESIDENCIA PERMANENTE
Pasaporte completo o título de viaje o, en su caso, cédula de inscripción en vigor.
Documentación acreditativa de estar en alguno de los siguientes supuestos de acceso: haber residido legalmente en España durante 5 años; ser beneficiario de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez; haber nacido en España y haber residido 3 años antes de la solicitud; haber sido español de origen; haber estado, al llegar a la mayoría de edad, bajo la tutela de una entidad pública española de forma consecutiva durante los cinco años inmediatamente anteriores; ser apátrida o refugiado; haber contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España o a la proyección de España en el exterior.
ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE EXPULSIÓN PENDIENTES:
La concesión de la autorización determinará el archivo de los expedientes de expulsión pendientes de resolución, así como la revocación de oficio de las órdenes de expulsión, que hayan recaído sobre el extranjero titular de la autorización, cuando el expediente o la orden de expulsión correspondiente esté basada en las causas previstas en el artículo 53.a) y b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de marzo (encontrarse ilegalmente en territorio español sin la documentación requerida para ello).
La denegación de la autorización implicará la continuación de los expedientes de expulsión y la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas.
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Sánchez-Camacho: «El padrón es la puerta de la inmigración ilegal»
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
Palma de Mallorca
Mariano Rajoy enarboló ayer una nueva bandera, en favor de una política de inmigración más restrictiva. El cerrojazo del padrón por parte del Ayuntamiento de Vic -que su partido ha rechazado- le ha servido para reclamar una revisión en profundidad de la Ley de Extranjería que, con su voto en contra, los propios socialistas y sus socios convergentes reformaron hace sólo un mes.
Los populares no creen que el padrón sea la vía para limitar el acceso de inmigrantes sin papeles a España -de hecho, invocan el cumplimiento de la ley en este aspecto-, pero sí están persuadidos de que urge cambiar el marco legal vigente -Reglamento Caldera incluido- que no ha hecho durante los últimos años sino abundar en el efecto llamada.
«Cuando las cosas se hacen mal, acaba notándose», afirmó ayer Rajoy en Palma de Mallorca, en su discurso de clausura de la XV Interparlamentaria del PP.
«¿Os acordáis de los papeles para todos, de las regularizaciones masivas y de una política suicida, de una modificación en la Ley que no sirvió para nada…?», preguntó a los diputados y senadores nacionales y autonómicos de su partido. «Hemos pasado ahora a que sus propios compañeros de partido y sus socios, que apoyaron su actuación y su legislación, estén haciendo todo lo contrario».
El líder de la oposición afirmó que las leyes «hay que cumplirlas», pero, a la vez, urgió al Gobierno a cambiarlas: «La ley hay que modificarla y espero que en este momento, vistos los efectos de la demagogia que llevan haciendo durante años, modifiquen la ley, se avengan a razones y cambien su política para no generar más problemas al conjunto de los ciudadanos».
Rajoy apenas enunció su propuesta, pero los suyos se aprestaron a acompañarle con declaraciones, y a sacar del cajón el grueso de las enmiendas -alrededor de 60- que fueron literalmente barridas en el reciente debate parlamentario.
Sobre la polémica del padrón, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, se pronunció a favor de la reforma legal y la «unificación de criterios, y afirmó por su cuenta: «Los padrones no pueden ser la puerta de entrada para la inmigración ilegal».
El portavoz de Inmigración en el Congreso, Rafael Hernando, convino con la dirigente popular en que el empadronamiento es uno de los documentos que se utilizan en la práctica, para la regularización de los sin papeles en España. Sin embargo, en declaraciones a este diario puntualizó que «el problema no es que se inscriban en el padrón, porque es mejor que los que viven en España estén registrados y con acceso a servicios básicos, sino todo un sistema legal que favorece la entrada ilegal de inmigrantes».
Para el PP, los datos cantan: 440.000 nuevas tarjetas de residencia entre octubre de 2008 y 2009, cuando la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, reconoció días atrás un total de 10.000 entradas entre enero y octubre de 2009. En realidad, la gente de Rajoy hace las mismas cuentas que en su día hicieron los socialistas: restar el número de extranjeros legalizados -ahora 4.700.000- de los 5.600.000 empadronados en enero de 2009: un balance de 900.000 sin papeles en el que coinciden con Comisiones Obreras.
El PSOE, ante un balance similar en 2004, optó por lo que los populares denominan la regularización masiva. La fórmula de la oposición, hoy, es bien distinta: expulsar a los sin papeles y bloquear el sistema de regularización automática a los tres años (dos, si se documenta algún trabajo) de estancia en el país, así como los incentivos al arraigo y al reagrupamiento familiar. A cambio, y a lo largo de una exhaustiva lista de medidas, los populares proponen visados temporales para los inmigrantes legales y una mayor movilidad geográfica y laboral.
«El grave problema es que somos el único país de la Unión Europea que mantiene una legislación que incentiva la inmigración irregular y que premia la estancia ilegal, en condiciones precarias y de economía sumergida».
A su juicio, «es mil veces más fácil entrar ilegalmente en España que hacerlo legalmente» y la situación se ha visto agravada con la última reforma de la Ley de Extranjería, que establece que «los derechos de los extranjeros ilegales son prácticamente los mismos que los de los legales, hasta el punto de sobrepasar lo estipulado por el Tribunal Constitucional y permitir el acceso a la función pública a los inmigrantes sin papeles y las ayudas de carácter general a la vivienda».
Los populares insisten en «lo dramático» de perseverar en «un sistema que se ha demostrado fracasado» y advierten de que el PSOE no se atreve a rectificar y sólo da pasos en la mala dirección. «Lo de Vic no es una ocurrencia de los ediles catalanes», decía ayer Hernando, «porque en el reciente anteproyecto de ley, antes de que las ONG protestaran, amagaron con condicionar el empadronamiento a la tarjeta de residencia».
Decálogo para la inmigración
>Crear un visado temporal de seis meses para la búsqueda de empleo.
>Establecer la vigencia de la tarjeta de residencia cuando se pierde el empleo, que fomente salir del país.
>Eliminar las restricciones a la movilidad laboral entre comunidades autónomas.
>Eliminar el reagrupamiento familiar en cadena.
>Suprimir algunas recientes competencias autonómicas para conceder tarjetas de residencia.
>Establecer un contrato de integración nacional (sólo se ha aprobado en Cataluña) que obligue en toda España.
>Suprimir la ampliación a 60 días del periodo de internamiento en los CIES para acelerar la expulsión.
>Acabar con los tratados bilaterales entre comunidades autónomas y países.
>Suprimir la competencia de las comunidades autónomas para ceder a las ONG la tutela de los menores.
>Expulsión inmediata de los extranjeros condenados a penas superiores a seis meses.
ELMUNDO.es Vídeo: Vea las declaraciones de Rajoy
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Como sabéis, este catálogo , al que se alude en el artículo 50.a)del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre , contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.
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Asunción.- La Cancillería de Paraguay informó hoy de la situación de dieciséis ciudadanos paraguayos retenidos en España, de quienes aseguró que reciben asistencia legal y que se intentará apelar su eventual expulsión de territorio español.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Lara Castro, ofreció detalles sobre el asunto en una rueda de prensa en la Cancillería, en Asunción, tras una reunión convocada para analizar la situación de sus compatriotas retenidos en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España.
Lara Castro indicó que el Gobierno paraguayo hace un seguimiento del trato que reciben ocho hombres y ocho mujeres que están siendo asistidos por abogados proporcionados por los CIE y por familiares de los detenidos, en su mayoría en Madrid, por presunta “violación de leyes migratorias”.
El vicecanciller mencionó que los abogados buscan los mecanismos para apelar la eventual expulsión de esas personas, que fueron arrestadas en varias redadas tras la constatación de la irregularidad de sus documentos de inmigrantes.
Jorge Lara Castro expresó que el Gobierno paraguayo mantiene su postura de evitar que se criminalice la migración y que proseguirán con las tareas para tratar de evitar eventuales violaciones de derechos de sus compatriotas en el extranjero.
“Hasta este momento lo que hemos observado es que ha habido ciertas irregularidades en el procedimiento (de la retención de los 16 paraguayos en España), que es lo que estamos investigando”, dijo el viceministro.
Agregó que ante esa situación han convocado al embajador de España en Asunción, Miguel Ángel Cortizo, para obtener más detalles sobre el asunto.
La nueva Ley española de Extranjería, vigente desde mediados de diciembre, establece en 60 días el plazo máximo de internamiento de inmigrantes irregulares en los CIE para permitir a la Administración completar los procesos de repatriación, según el Gobierno español, como instrumento estratégico en la lucha contra la inmigración ilegal.
Según fuentes oficiales paraguayas, en España hay unos 66.000 paraguayos censados, 47.000 de ellos en situación irregular.
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Existe en España un Gobierno autonómico que está dispuesto a tensar al máximo los límites de la Constitución por motivos económicos e ideológicos. Y no, no es el de Catalunya. De hecho, es la Comunidad de Madrid, el más puro antagonista político de las reivindicaciones catalanas de un mayor autogobierno, cuyo Ejecutivo busca incluso liderar un frente común autonómico para forzar al Estado a que abone la factura de los abogados de oficio. Un derecho gratuito universal reconocido por la Carta Magna y cuya gestión está transferida a las comunidades, que el Gobierno de la popular Esperanza Aguirre quiere restringir por ley a partir de este mes.
La presidenta considera «abusivo» el uso que se está haciendo de la justicia gratuita en casos relacionados con la inmigración ilegal y con los delitos de seguridad vial, y ha encargado la elaboración de un decreto, que pretende aprobar en enero, para limitar la prestación del servicio a aquellos detenidos que pueden justificar que no tienen recursos para pagar a un letrado.
Los principales afectados, en el caso de que la iniciativa prospere, serán los extranjeros retenidos en el aeropuerto de Barajas cuando intenten entrar ilegalmente en el país. Estos tienen también derecho a contar con un abogado de oficio, en virtud de la Constitución y de varias leyes que la desarrollan como la de enjuiciamiento criminal, la de justicia gratuita y la de extranjería.
ACTUACIONES «FRAUDULENTAS» / Otros dos colectivos a los que se persigue son los acusados por delitos de tráfico (exceso de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol) en juicios rápidos y los que tramitan demandas laborales en los juzgados de lo social. El Gobierno autonómico de Madrid asegura que en los tres casos han detectado actuaciones «fraudulentas» que «desnaturalizan» el concepto de la justicia gratuita. Apuntan a algunos abogados del turno de oficio que, presuntamente, alargan los procedimientos de expulsión de inmigrantes, pese a que su defendido ya no está en España y se halla en paradero desconocido. Y también a los propios clientes, en vistas por multas o despidos improcedentes. «Aunque el detenido sea inmensamente rico, le tenemos que sufragar la justicia gratuita. Eso no se puede soportar», asegura Aguirre.
Diferentes asociaciones de defensa de inmigrantes han criticado ya el futuro decreto por considerarlo «discriminatorio» y «contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia». El Partido Socialista de Madrid (PSM) pone en duda la «constitucionalidad» de la medida, que tacha de «seudoxenófoba», y acusa al PP de querer «ocultar» su deficitaria gestión de la administración de justicia en la comunidad, con la paralización de la construcción del Campus de la Justicia en Valdebebas (junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid), como principal evidencia. El Colegio Oficial de Abogados de Madrid coincide en la denuncia, de la que es víctima directa, ya que aún no ha cobrado del Gobierno de Aguirre la factura completa del 2009 correspondiente al turno de oficio.
REUNIÓN CON CHAVES / La Comunidad de Madrid calcula que este servicio le cuesta 50 millones de euros anuales y quiere convocar este mes una reunión de consejeros autonómicos para consensuar una estrategia conjunta ante el Ejecutivo estatal, en pos de reclamarle que asuma ese gasto. La presidenta madrileña alega que la financiación extra de esta prestación no estaba prevista en las competencias judiciales traspasadas a su comunidad. Y solicitará por ello un encuentro con el vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, en el marco de la comisión bilateral mixta de transferencias. Un organismo que el PP tiene recurrido en el Estatut catalán ante el Tribunal Constitucional.
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Es asi como piensa la “Sra” Esperanza Aguirre y la mayoria de sus compañeros de partido. A ellos no les importa la Constitución Española, ademas creo que se abstuvo en su día.
Esta “señora” se olvida de que todos tenemos derecho a la justicia gratuita o a un defensor de oficio sino nuestras posibilidades economicas no nos permite pagar a un letrado, y creo que la Constitución Española de 1978 es clara:
Artículo 119.
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Es evidente que esta “Señora” que como mamnifesto en su día, la pobre no llegaba a final de mes con su “humilde” sueldo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Constitución solo existe cuando beneficia a su partido o a ella. Mientras si puede evitar que un inmigrante vaya a la salud publica o tenga un abogado de oficio estara contenta y orgullosa. Por lo visto cree que todavia gobierna “Paquito el Chocolatero” y es evidente que donde gobierna este partido, es verdad. Que casualidad que en la mayoria de las Comunidades Autonomas donde gobiernan hayan infinidad de casos de corrupción, pero luego se jactan de que tienen la “solución para la crisis mundial” y es que fácil esa solución, la solución esta en sus bolsillos y en la especulación, la de convertir todos los Parques Nacionales en zonas urbanizables, destruyendo la naturaleza y con ello conseguir “ciertas ayudas” de los constructores.
¿Que sera lo próximo que hara esta “señora”?
Podía poner que los transportes publicos sean solo para los madrileños y que los inmigrantes y los de la “periferia” pagasemos cinco veces su valor, puestos a ser democráticos… seria una solución para la crisis. Eso si, ya que busca soluciones para que la economía de su Comunidad fuera mejor, la solución de una persona inteligente (recordar que ella felicito a la poetisa SARA-mago por su nobel) sería la de rebajar su “humilde sueldo” mileurista, para ponerse de acorde con los funcionarios que trabajan para esa Comunidad. Pero no en plena crisis, seguro que se subira su sueldo y muy por encima del IPC, es evidente que para esta “señora” la crisis no existe.
Y esa es la solución del partido de la derecha, sencillamente explotar aún más a los humildes, como hace 34 años… los que debemos pagar el pato somos los que estamos abajo, para ellos no existe la crisis.
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La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Extranjería, quiere destacar que el texto final, aunque ha experimentado mejoras, mantiene aspectos que inciden negativamente en el respeto de algunos derechos fundamentales de la persona.
Entre las mejoras que el trámite parlamentario ha introducido en su articulado, la Subcomisión de Extranjería quiere destacar las siguientes:
• La redacción del contenido de algunos derechos fundamentales como los de asociación, sindicación y huelga resulta más ajustada al mandato y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional;
• Una redacción final del art. 22 referido al derecho a la asistencia jurídica gratuita, tras las enmiendas introducidas en el Senado, que pudiera salvar el contenido inconstitucional que presentaba el texto original;
• La regulación de la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo y los supuestos de modificación de las mismas;
• El establecimiento de mecanismos de protección en las situaciones de violencia de género, colaboración contra redes organizadas y, muy significativamente, la de las víctimas de trata de personas;
• El reconocimiento de la capacidad de obrar de los menores no acompañados en los procedimientos de repatriación;
• El papel integrador que deben jugar las Administraciones Públicas, incluidas las autonómicas y las locales;
• La exigencia de motivación de los visados de estancia y ligeras flexibilizaciones en el régimen de inadmisiones a trámite, y el acceso de las ONGs a los centros de internamiento y la creación de un “Juzgado de Vigilancia” de estos centros.
Sin embargo, en opinión de los expertos de extranjería del CGAE, “el texto diseñado continúa orientado más al clásico control de entradas o control de fronteras que a la adopción de medidas integradoras”. Los miembros de la Subcomisión tachan de “desafortunado” que el texto no recoja de manera adecuada el fundamental principio de “igualdad y no discriminación”, que, en su opinión “debe vertebrar cualquier régimen de extranjería en un Estado de Derecho, respetuoso con los Derechos Humanos de todos”. Para la Subcomisión el texto “se halla excesivamente inclinado en la aplicación de conceptos meramente mercantilistas de las migraciones”.
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