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ocumentos para la obtención de la Autorización de residencia Temporal inicial de Extranjeros (Ex -01)
a) Copia del pasaporte o documento válido para la entrada en España o, en su caso, cédula de inscripción, en vigor.
b) Cualquier documento que acredite el tiempo previo de residencia legal y continuada en España, o de permanencia de hecho.
c) 3 Fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
d) Visado de residencia en vigor, salvo los casos en que éste no sea necesario según las previsiones legales y reglamentarias.
e) Certificado de antecedentes penales, expedido por las autoridades del país de origen o de procedencia o, en su caso, certificado de las autoridades españolas de exención de este requisito.
f) Certificado médico oficial, si el solicitante no lo hubiese aportado para la obtención del correspondiente visado, en su caso.
g) Justificación de medios de vida suficientes para el período de residencia que solicita, o que dichos ingresos van a recibirse periódicamente, y de tener garantizada asistencia sanitaria pública o privada.
TIEMPO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO CONCEDIDA
Será de un año
No obstante transcurrido un mes desde la notificación de la autorización sin que se haya cumplido la condición señalada, la autorización quedará sin efecto. En este caso se requerirá al empresario o empleador en los casos del apartado 1 y al propio trabajador extranjero, en los casos del apartado 2, para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente.
Durante el mes inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la autorización, el extranjero deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero, que será expedida por el plazo de validez de la autorización.
RESIDENCIA PERMANENTE
Pasaporte completo o título de viaje o, en su caso, cédula de inscripción en vigor.
Documentación acreditativa de estar en alguno de los siguientes supuestos de acceso: haber residido legalmente en España durante 5 años; ser beneficiario de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez; haber nacido en España y haber residido 3 años antes de la solicitud; haber sido español de origen; haber estado, al llegar a la mayoría de edad, bajo la tutela de una entidad pública española de forma consecutiva durante los cinco años inmediatamente anteriores; ser apátrida o refugiado; haber contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España o a la proyección de España en el exterior.
ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DE EXPULSIÓN PENDIENTES:
La concesión de la autorización determinará el archivo de los expedientes de expulsión pendientes de resolución, así como la revocación de oficio de las órdenes de expulsión, que hayan recaído sobre el extranjero titular de la autorización, cuando el expediente o la orden de expulsión correspondiente esté basada en las causas previstas en el artículo 53.a) y b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de marzo (encontrarse ilegalmente en territorio español sin la documentación requerida para ello).
La denegación de la autorización implicará la continuación de los expedientes de expulsión y la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas.
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Los municipios españoles con mayor porcentaje de población inmigrante empadronada apuestan por políticas de integración y defienden que tanto los extranjeros ‘con papeles como los sin papeles’ puedan registrarse en el padrón, en referencia a la polémica surgida en Vic (Barcelona) sobre el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular. Además, se apoyan en su experiencia para plantear los problemas que encuentran en la Ley de Extranjería y la falta de ayudas por parte del Gobierno.
El alcalde de Rojales (Alicante), el municipio de más de 15.000 habitantes que tiene mayor porcentaje de inmigrantes empadronados de España, Antonio Martínez Cánovas (Partido Popular), aseguró que ‘hay que seguir, independientemente de lo que pienses algunos, intentando integrar a todos los ciudadanos vengan de donde vengan’.
En Rojales el 73,9 por ciento de la población es inmigrante, según datos del Padrón municipal publicado en el 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de ellos son ciudadanos comunitarios, principalmente ingleses, que tienen en el municipio su segunda residencia. En cualquier caso, pese a reconocer que ‘Rojales no tiene el problema de la inmigración ilegal’, Martínez apostó por una política de integración que lleve a acoger lo mejor posible a los que vengan de fuera, ‘con papeles o sin papeles’.
En este sentido, señaló que su mayor esfuerzo se centra ‘en la política lingüística, en el idioma’ y, por lo tanto, ‘se facilita gratuitamente que accedan a cursos de español’. Sin embargo, advirtió de que hay unos requisitos, a la hora de empadronar, que se deben cumplir: ‘que tenga un espacio para vivir, que no haya hacinamiento y que realmente vengan aquí a residir’.
‘INTEGRAR EN LUGAR DE EXCLUIR’, EN CATALUÑA
Por su parte, Castelló d’Empúries es el municipio catalán con mayor porcentaje de extranjeros empadronados con un 49,9 por ciento de la población. Su alcalde, Salvi Güell (Esquerra Republicana de Catalunya), afirmó que en los últimos presupuestos han reforzado los servicios sociales, ya que ‘es mejor una buena integración que una exclusión porque al final los problemas que te puede reportar la gente excluida son mayores que si intentas integrarlos’.
En este sentido, Güell explicó que han hecho frente a la integración desde hace mucho tiempo, ya que su situación ‘privilegiada’ provocó que poco a poco, muchos propietarios extranjeros fueran a instalarse allí, ‘sobre todo alemanes, franceses e ingleses’. Sin embargó indicó que ‘últimamente ha habido una inmigración diferente, que es la del norte de África, de países del Este y de suramericanos’, por lo que en la actualidad, su municipio cuenta con más inmigrantes nacidos fuera de la Unión Europea que comunitarios.
Asimismo, insistió en que ‘ha cambiado el tipo de inmigrante’, pero ‘se les trata igual que a los otros’ y, por lo tanto, ‘en temas de educación ya se tiene una política especial para que se integren lo antes posible, a nivel de servicios hay gente que habla los idiomas correspondientes y además, se cuenta en el padrón con un agente de integración para los magrebíes’. ‘Nos hemos ido adaptando a las nuevas circunstancias’, concluyó.
Por último, aludió al debate sobre el empadronamiento y dijo que su Ayuntamiento ‘es muy escrupuloso en lo que marca la normativa y lo aplican’. Así, criticó que ‘dos o tres municipios quieran hacer las cosas diferentes’, debido a que ‘esto no sirve para nada’. ‘O cambiamos todos la normativa o no se cambia’, apostilló.
Por otro lado, matizó que para ver ‘si está bien aplicada o no’ la ley, ‘se tendrían que reunir las instituciones competentes’ y, en todo caso, ‘si hay que hacer variaciones, que lo digan y que todos los municipios sigan el mismo patrón’. Pero ‘a día de hoy’, sentenció Güell, ‘el padrón debe reflejar la realidad del municipio. No sirve nada que esté la gente viviendo en el municipio sin empadronarse porque falsea la realidad’.
‘NECESITAMOS MÁS AYUDA’, DESDE MADRID
Fresnedillas de la Oliva, gobernada por el Partido Popular, es el caso madrileño. Con un 40 por ciento de población inmigrante empadronada y 27 nacionalidades diferentes, conviviendo encabeza la lista de la Comunidad. El alcalde del municipio, Antonio Reguilón, solicitó ‘más ayuda’ para poder hacer frente a los servicios ‘cada vez mayores’ que tiene que ofrecer a sus vecinos.
Además, añadió que ‘se reducen las ayudas del Estado un año sí y otro año también’. ‘Este último año la Consejería de Inmigración no ha tenido un duro del Estado, lo hemos tenido que sacar a través de un fondo europeo y a través de una ONG’, lamentó.
En el pueblo, los 559 extranjeros empadronados, de los 1.392 habitantes, reciben formación a nivel de empleo en tapicería, repostería y hostelería. También se apuesta por la integración con la apertura de una escuela de deporte que, según el alcalde, ‘está viniendo muy bien para toda la población juvenil, sobretodo marroquí, que es una población más desarraigada’, ya que ‘a través del deporte se consiguen cambios muy grandes en su actitud y en la manera de ver la vida que tienen’.
Reguilón aseguró que desde el Ayuntamiento ‘el 70 por ciento del trabajo municipal y administrativo es dedicado a ellos, como no podría ser de otra manera’ e indicó que sólo los gastos de formación suponen una ‘inversión de cerca de 450 mil euros’. En el caso del centro de educación del pueblo, advirtió de que ‘no tiene medios suficientes’, ya que ‘entre el 60 y el 65 por ciento de los alumnos son inmigrantes’ y supone un problemas que ‘haya niños que tengan que asistir a las clases sin hablar ni siquiera el idioma’, por lo que insistió en pedir ‘más ayuda’ para solventar ese tipo de deficiencias.
En otro orden de cosas, celebró el ‘buen ambiente’ del pueblo, con una convivencia que calificó como ‘fantástica’ pese a ‘no tener policía ni Guardia Civil’. ‘En verano, cuando nos juntamos hasta 8.000 personas, por las fiestas, no ha habido ni un amago de pelea, lo que resulta sorprendente’, explicó.
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Durante su discurso de clausura en la Escuela de Invierno del PP, Rajoy, en tono conciliador, se ofreció a poner “orden y control” en la política de inmigración del Gobierno de Zapatero, que considera errática. “Estamos pagando la demagogia de los papeles para todos. La regularización masiva fue un disparate”, afirmó en el acto celebrado en La Pedrera y ante los cuadros del PP. Tras recordar, como hace siempre, que por su origen gallego tiene que estar por razones obvias a favor de la inmigración, Rajoy anunció que presentará en el Congreso una serie de iniciativas para poner coto a la entrada de extranjeros.
“El padrón tiene su importancia, pero lo importante es la política de inmigración”, insistió Rajoy, que mezcló extranjeros comunitarios y extracomunitarios al recordar que si en 2004 las tarjetas de residencia eran 1,6 millones, en 2009 ya sumaban 4,7 millones. Y cifró en 5,5 millones los extranjeros en el censo en 2009. A tenor de esos datos, Rajoy afirmó que el verdadero debate es saber cuál es la capacidad de acogida de España, tanto desde el punto de vista de la oferta de trabajo como de la capacidad de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para dar servicios con los problemas financieros que sufren. “Esto necesita orden y control”, afirmó.
La propuesta del líder del PP pasa por modificar la legislación vigente que considera, en la misma línea de CiU, contradictoria porque, por un lado, obliga a expulsar y, por otro, a empadronar a los sin papeles. “La ley dirá que hay que censar, y se debe cumplir, aunque quizá habrá que cambiarla”, abundó Rajoy, que, en una entrevista a Catalunya Ràdio, dijo que el acatamiento de la ley vale tanto para Vic, que se planteó no censar, como para Torrejón, gobernado por el PP, y que ponía condicionantes. “El Ayuntamiento de Torrejón también debe cumplir la ley”, dijo.
Y a partir de ahí rescató el plan de medidas que ya presentó en 2008 y que pasan, de entrada, por su polémico contrato de integración, rechazado en el Parlamento, en el que los inmigrantes deberían aceptar derechos y deberes. “Tenemos una historia, una cultura, una tradición plasmada en la Constitución que tenemos que cumplirla nosotros y los que vengan de fuera”, defendió. Luego apuntó que no se pueda dar un permiso de trabajo a un extranjero con un expediente de expulsión y que sean deportados los inmigrantes con condenas mayores a seis meses. “Eso pasa en muchos lugares”, justificó. Lo que no dijo Rajoy es que desde 2003 y a instancias suyas se reformó el Código Penal para expulsar a extranjeros con esas penas. El Supremo, sin embargo, no aplica el artículo por estimarlo inconstitucional.
Satisfecha por haber iniciado un debate “sin complejos”, Alicia Sánchez-Camacho, anfitriona de Rajoy y presidenta del PP en Cataluña, se mostró feliz por haber tenido “el valor, el coraje y la valentía” de encarar el tema de la inmigración. “Hablamos de lo que nos pide la gente: una inmigración ordenada y legal. En Cataluña, España o cualquier parte del mundo no cabemos todos”, insistió. El ex presidente de Gobierno, José María Aznar, intervino en la polémica y en TVE se distanció del análisis de Rajoy al considerar que el caso de Vic y Torrejón no tienen nada que ver. Aznar consideró un “error gravísimo” el caso de Vic. “Los culpables son los mismos (el gobierno de Vic formado por CiU, PSC y ERC) que anduvieron por toda España diciendo ‘papeles para todos’. En Torrejón se han establecido cláusulas adicionales, no se han negado a empadronar”.
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España, con una larga experiencia con niños migrantes no acompañados, se encuentra ciertamente en buena posición para liderar la adopción de un plan de acción durante su presidencia europea a principios de 2010.[15] Las prácticas españolas de no detener a los menores extranjeros no acompañados y regularizar su estancia mientras se encuentren en el territorio español son muy buenos ejemplos de buenas prácticas para otros Estados miembros de la UE. Pero España también tiene que examinar crítica y honestamente su historial y no repetir los errores del pasado. Esto incluye reconocer que la mejor manera de avanzar no son los acuerdos de readmisión que carecen de transparencia y garantías para los niños, y exigir a los países de origen que acepten el regreso de los menores en un plazo poco realista.[16] También debe reflexionar sobre las razones por las que los menores no acompañados en España casi nunca solicitan asilo-sin recurrir a la explicación inverosímil de que ninguno de ellos tiene el perfil para poder solicitarasilo. Y debe examinar con franqueza sus repatriaciones de niños marroquíes no acompañados a situaciones peligrosas, lo que provocó que muchos regresaran inmediatamente a España. Se trata de lecciones importantes que deben incorporarse a los debates sobre el plan de acción de la UE.
Por último, aunque no menos importante, la UE tiene que asegurarse de que sus políticas no frustren sino que hagan realidad el cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos europeos en virtud del derecho internacional de derechos humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Su estrategia propuesta sobre derechos del niño podría contribuir a este objetivo y debería integrar a los menores extranjeros no acompañados. No obstante, en última instancia, la UE debería considerar también llenar los vacíos existentes con la imposición de una serie de reglas vinculantes que armonicen la respuesta de los Estados miembros a las necesidades y vulnerabilidades compartidas por todos los niños migrantes no acompañados en Europa, ya sea que escapen de la persecución o el abuso, sean introducidos ilegalmente en Europa para ser explotados o hayan dejado sus hogares en busca de una vida mejor. Y la UE necesita insistir en que sus miembros tienen que cumplir las obligaciones pertinentes en virtud de los tratados de derechos humanos mientras estos niños se encuentren en territorio europeo, y protegerlos para que no vuelvan a situaciones de abuso, maltrato o abandono. Se debe exigir responsabilidades a los Estados miembros que exhiben una conducta por debajo de los estándares europeos.
Sin este tipo de medidas enérgicas, es probable que los menores extranjeros no acompañados continúen atrapados en su condición de migrantes y, por lo tanto, su protección y seguridad como niños sigan siendo aspiraciones difíciles de alcanzar.
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Sánchez-Camacho: «El padrón es la puerta de la inmigración ilegal»
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
Palma de Mallorca
Mariano Rajoy enarboló ayer una nueva bandera, en favor de una política de inmigración más restrictiva. El cerrojazo del padrón por parte del Ayuntamiento de Vic -que su partido ha rechazado- le ha servido para reclamar una revisión en profundidad de la Ley de Extranjería que, con su voto en contra, los propios socialistas y sus socios convergentes reformaron hace sólo un mes.
Los populares no creen que el padrón sea la vía para limitar el acceso de inmigrantes sin papeles a España -de hecho, invocan el cumplimiento de la ley en este aspecto-, pero sí están persuadidos de que urge cambiar el marco legal vigente -Reglamento Caldera incluido- que no ha hecho durante los últimos años sino abundar en el efecto llamada.
«Cuando las cosas se hacen mal, acaba notándose», afirmó ayer Rajoy en Palma de Mallorca, en su discurso de clausura de la XV Interparlamentaria del PP.
«¿Os acordáis de los papeles para todos, de las regularizaciones masivas y de una política suicida, de una modificación en la Ley que no sirvió para nada…?», preguntó a los diputados y senadores nacionales y autonómicos de su partido. «Hemos pasado ahora a que sus propios compañeros de partido y sus socios, que apoyaron su actuación y su legislación, estén haciendo todo lo contrario».
El líder de la oposición afirmó que las leyes «hay que cumplirlas», pero, a la vez, urgió al Gobierno a cambiarlas: «La ley hay que modificarla y espero que en este momento, vistos los efectos de la demagogia que llevan haciendo durante años, modifiquen la ley, se avengan a razones y cambien su política para no generar más problemas al conjunto de los ciudadanos».
Rajoy apenas enunció su propuesta, pero los suyos se aprestaron a acompañarle con declaraciones, y a sacar del cajón el grueso de las enmiendas -alrededor de 60- que fueron literalmente barridas en el reciente debate parlamentario.
Sobre la polémica del padrón, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, se pronunció a favor de la reforma legal y la «unificación de criterios, y afirmó por su cuenta: «Los padrones no pueden ser la puerta de entrada para la inmigración ilegal».
El portavoz de Inmigración en el Congreso, Rafael Hernando, convino con la dirigente popular en que el empadronamiento es uno de los documentos que se utilizan en la práctica, para la regularización de los sin papeles en España. Sin embargo, en declaraciones a este diario puntualizó que «el problema no es que se inscriban en el padrón, porque es mejor que los que viven en España estén registrados y con acceso a servicios básicos, sino todo un sistema legal que favorece la entrada ilegal de inmigrantes».
Para el PP, los datos cantan: 440.000 nuevas tarjetas de residencia entre octubre de 2008 y 2009, cuando la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, reconoció días atrás un total de 10.000 entradas entre enero y octubre de 2009. En realidad, la gente de Rajoy hace las mismas cuentas que en su día hicieron los socialistas: restar el número de extranjeros legalizados -ahora 4.700.000- de los 5.600.000 empadronados en enero de 2009: un balance de 900.000 sin papeles en el que coinciden con Comisiones Obreras.
El PSOE, ante un balance similar en 2004, optó por lo que los populares denominan la regularización masiva. La fórmula de la oposición, hoy, es bien distinta: expulsar a los sin papeles y bloquear el sistema de regularización automática a los tres años (dos, si se documenta algún trabajo) de estancia en el país, así como los incentivos al arraigo y al reagrupamiento familiar. A cambio, y a lo largo de una exhaustiva lista de medidas, los populares proponen visados temporales para los inmigrantes legales y una mayor movilidad geográfica y laboral.
«El grave problema es que somos el único país de la Unión Europea que mantiene una legislación que incentiva la inmigración irregular y que premia la estancia ilegal, en condiciones precarias y de economía sumergida».
A su juicio, «es mil veces más fácil entrar ilegalmente en España que hacerlo legalmente» y la situación se ha visto agravada con la última reforma de la Ley de Extranjería, que establece que «los derechos de los extranjeros ilegales son prácticamente los mismos que los de los legales, hasta el punto de sobrepasar lo estipulado por el Tribunal Constitucional y permitir el acceso a la función pública a los inmigrantes sin papeles y las ayudas de carácter general a la vivienda».
Los populares insisten en «lo dramático» de perseverar en «un sistema que se ha demostrado fracasado» y advierten de que el PSOE no se atreve a rectificar y sólo da pasos en la mala dirección. «Lo de Vic no es una ocurrencia de los ediles catalanes», decía ayer Hernando, «porque en el reciente anteproyecto de ley, antes de que las ONG protestaran, amagaron con condicionar el empadronamiento a la tarjeta de residencia».
Decálogo para la inmigración
>Crear un visado temporal de seis meses para la búsqueda de empleo.
>Establecer la vigencia de la tarjeta de residencia cuando se pierde el empleo, que fomente salir del país.
>Eliminar las restricciones a la movilidad laboral entre comunidades autónomas.
>Eliminar el reagrupamiento familiar en cadena.
>Suprimir algunas recientes competencias autonómicas para conceder tarjetas de residencia.
>Establecer un contrato de integración nacional (sólo se ha aprobado en Cataluña) que obligue en toda España.
>Suprimir la ampliación a 60 días del periodo de internamiento en los CIES para acelerar la expulsión.
>Acabar con los tratados bilaterales entre comunidades autónomas y países.
>Suprimir la competencia de las comunidades autónomas para ceder a las ONG la tutela de los menores.
>Expulsión inmediata de los extranjeros condenados a penas superiores a seis meses.
ELMUNDO.es Vídeo: Vea las declaraciones de Rajoy
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Madrid, 14 ene (EFE).- El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha denunciado que negarse a empadronar inmigrantes en situación irregular, tal y como propone el Ayuntamiento de Vic, vulnera los derechos de las personas extranjeras y podría constituir una infracción penal.
Según la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía España (CGAE), “la actuación municipal denegatoria de la inscripción padronal podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal”.
Los expertos afirman que el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) obliga a “toda persona que viva en España” a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente y que la misma norma añade que “quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.
Además, recuerdan que la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social recoge la obligación de los ayuntamientos de incorporar al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y a mantener actualizada la información relativa a los mismos.
Los abogados explican que la Ley de Bases de Régimen Local establece que “el Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio” y que sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.
Aclaran que en la última reforma de esta norma se anuló la diferenciación entre residentes, homogeneizó esta figura, calificando expresamente de “vecinos” a los extranjeros con domicilio habitual en un municipio.
Por consiguiente, los letrados señalan que ninguna norma exige al extranjero el probar que su residencia en España es regular y recuerdan que la competencia policial de extranjeros no corresponde a los ayuntamientos.
Acreditado por tanto el domicilio habitual en el municipio y con la presentación de la tarjeta de residencia o pasaporte en vigor, el Ayuntamiento vendrá obligado a inscribirle en el Padrón Municipal adquiriendo de esta forma la cualidad de vecino del municipio, explica el Consejo General de la Abogacía en un comunicado.
“Por ello, la actuación municipal denegatoria de la inscripción padronal, a sabiendas de la injusticia de su resolución, podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal”, concluye. EFE arv/jmi
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Blasco se refirió en estos términos en un comunicado en referencia a la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) –gobernado por CiU, ERC y PSC– de no empadronar a inmigrantes ‘sin papeles’.
En este sentido, el titular de Ciudadanía exigió al Gobierno central una ‘política seria’ en inmigración ‘que sirva también para que todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas gestionen correctamente medidas encaminadas a favorecer la integración de las personas inmigrantes y extranjeras’.
‘No podemos convertir todos los ayuntamientos de España en un Ministerio o en unas Cortes Generales, que es donde se decide la política de extranjería’, remarcó el conseller, quien lamentó que el Gobierno ‘sigue sin adoptar medidas efectivas’.
En su opinión, la agenda del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ‘debería solventar esta disparidad de criterios como lo que ocurre en Vic’, porque ‘la solución no puede partir de un ayuntamiento, ya que mañana puede haber un caso similar, y al día siguiente, otro’.
‘Si en España hubiera una verdadera política de inmigración, basada en un gran pacto de Estado entre los principales partidos políticos y las autonomías, con medios y recursos para cada administración adaptados al gran crecimiento poblacional que ha tenido nuestro país por la inmigración, esta situaciones no se darían y en estos momentos no habría duda alguna sobre la obligación de empadronar a cualquier persona que acredite su identidad y residencia en un determinado municipio’, explicó.
Blasco insistió en que la inmigración ‘requiere de políticas serias que no den lugar a interpretaciones y decisiones de los ayuntamientos que, en algunos casos, ante un fenómeno como es la inmigración que ha crecido tanto en pueblos y ciudades se ven obligados a adoptar medidas arbitrarias sobre una cuestión que exige de respuestas que están fijadas en las leyes’. TRANSFERENCIA DE RECURSOS
‘Los ayuntamientos, al igual que las comunidades, han sido castigados severamente por el Gobierno, quien no ha transferido los recursos necesarios para la atención de los inmigrantes cuyo número ha aumentado de forma considerable estos años’, señaló.
Asimismo, indicó que para el Consell el empadronamiento es ‘un acto muy importante’ porque del mismo ‘se derivan toda una serie de derechos y deberes para cualquier persona residente en la Comunitat, al margen de su procedencia’. ‘Cualquier negativa a empadronar una persona, con independencia de su situación legal, la condenaría a no poder acceder a la sanidad, educación y otros servicios sociales. Estamos hablando siempre de la dignidad de la persona’, subrayó.
‘La entrada y salida de personas de España es un asunto que compete al Gobierno, por ejemplo, la concesión del permiso de residencia, pero no a la Generalitat ni a los ayuntamientos, los cuales, entre sus competencias, sí que está el impulso de las políticas de integración dirigidas a todas aquellas personas que residen en la Comunitat, al margen de su situación administrativa’, declaró.
Con el fomento del empadronamiento, puntualizó Blasco, ‘se incentiva la integración de las personas inmigrantes y extranjeras mediante su participación en la vida política, social y cultural del pueblo valenciano, sea cual fuere su condición legal y administrativa’.
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El decano del colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, aseveró hoy que la extranjería representa aproximadamente un 25 por ciento de la Justicia gratuita, por lo que “ni siquiera desde un punto de vista económico está justificado dirigir esta mirada restrictiva hacia este colectivo, especialmente necesitado”, en relación al anuncio realizado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de limitar el acceso a este tipo de justicia por el abuso de la Ley de Extranjería.
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El decano del colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, aseveró hoy que la extranjería representa aproximadamente un 25 por ciento de la Justicia gratuita, por lo que “ni siquiera desde un punto de vista económico está justificado dirigir esta mirada restrictiva hacia este colectivo, especialmente necesitado”, en relación al anuncio realizado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de limitar el acceso a este tipo de justicia por el abuso de la Ley de Extranjería.
“La extranjería representa aproximadamente un 25 por ciento de lo que es Justicia gratuita en general, y el Aeropuerto de Barajas representa un 25 por ciento, es decir, un dieciseisavo. Además, las cifras de expedientes y asistencias están bajando de manera drástica, por un lado porque desciende la emigración, y por otro porque este verano, el Colegio de Abogados estableció unos servicios de orientación legal en las terminales del aeropuerto donde se informó al ciudadano extranjero con precisión de sus derechos”, señaló el decano en rueda de prensa.
Además, insistió en que la asistencia letrada así como la asignación de abogado a los emigrantes que entran por el Aeropuerto madrileño “está expresamente reconocida en la Ley orgánica de Extranjería y la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, independientemente de que la orden se haya ejecutado o no”. “Hay que considerar la situación en la que se encuentran los ciudadanos, y no hacerlo así es contrario a los principios constitucionales y al propio principio de igualdad”, matizó.
Asimismo, criticó que mientras desde la Comunidad de Madrid se habla de Justicia gratuita es “para quejarse de los abogados o sugerir recortes en los derechos de los ciudadanos, especialmente si son extranjeros”, el Colegio de Abogados de Madrid lleva realizando una serie de actividades “sin ninguna contraprestación y soportado por las cotas de los colegiados”.
Así, destacó que ofrece “sistemáticamente” su colaboración institucional “para mejorar el funcionamiento del sistema y, desde luego, contribuir a aislar y erradicar posibles situaciones de abuso”.
Además, recordó que en verano pusieron un servicio de asesoramiento jurídico gratuito en Barajas. “También hemos dispuesto un servicio de orientación jurídica en los Centros de Internamiento de Extranjeros para atender a los emigrantes allí internados, garantizar la comunicación con sus abogados y coordinar su asistencia jurídica con otros colegios de abogados”, añadió Antonio Hernández-Gil, que insistió en que todos estos servicios salen de sus bolsillos porque creen que es una “función social que le corresponde a la abogacía”, entidad que “merece respeto por parte de los poderes públicos”.
ANTEPOSICIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS
Y es que para el Colegio de Abogados de Madrid, las declaraciones de la Comunidad de Madrid en materia de Justicia Gratuita “ponen de manifiesto la anteposición de criterios económicos a lo que debe ser la tutela del derecho de defensa y la tutela del acceso a la asistencia jurídica gratuita de los ciudadanos más necesitados”.
“Revelan esto y también la falta de aprecio a la labor de los abogados”, puntualizó el decano, quien recordó que inicialmente desde el Ejecutivo autonómico “se habló de restringir la justicia gratuita en la jurisdicción laboral”.
“Hoy la Ley Estatal de asistencia jurídica gratuita del año 96 concede justicia gratuita a todos los trabajadores y beneficiarios del sistema de la seguridad social, pero lo hace una ley estatal”, apuntó para añadir a renglón seguido que estas declaraciones fueron rectificadas por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
Por último, recordó que el Gobierno regional dijo, “pero no rectificó”, que “cada recurso de un abogado de oficio tenía que ir acompañado del correspondiente mandato de su cliente”. “Esta exigencia restrictiva, en nuestra opinión, no tiene encaje posible en nuestro ordenamiento”, concluyó.
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En situación límite. Los extranjeros no comunitarios residentes en la provincia de Alicante con permisos de residencia temporal y que hayan perdido su trabajo en los últimos dos años pueden encontrarse en una situación dramática. En concreto, un estudio elaborado por el Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela-Alicante Asti Alicante apunta que cerca de 5.000 inmigrantes no comunitarios con este tipo de autorizaciones quedarán en situación irregular en los próximos meses tras perder su trabajo y no cotizar durante seis meses en la Seguridad Social tras perder su trabajo por la crisis económica.
Lastre para la economía
Para Asti-Alicante, “el agravamiento de la crisis entre la población extranjera no comunitaria y la existencia de una legislación poco flexible coloca a cientos de familias en la ilegalidad” y añaden que “las que vivirán con mayor intensidad esta situación sin duda serán familias enteras con hijos que incluso pueden haber nacido aquí”. Entre las consecuencias, Asti considera que generaría “un enorme lastre para la economía porque se volvería a engrosar una enorme bolsa de trabajadores cuya única salida es la economía sumergida y que son fácilmente víctimas de explotación laboral”. En la actualidad, la provincia tiene una población inmigrante no comunitaria en situación irregular de 40.608 personas, lo que supone que uno de cada cuatro de estos extranjeros residiría ilegalmente.
Para combatir esta situación, el Obispado propone la priorización de las políticas de empleo como técnica de integración, así como el desarrollo de los servicios de asesoría jurídica y la aplicación flexible de la normativa.
(extracto del artículo publicado en el Diario INFORMACIÓN)
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El portavoz de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, denunció este lunes que el Gobierno defendió durante el proceso de reforma de la Ley de Extranjería que “de ninguna manera” se impediría el empadronamiento de los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular y, pese a ello, el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Vic ha impulsado una medida que impone como requisito tener una tarjeta de residencia para empadronarse.
En declaraciones a Europa Press, Jiménez atribuyó esta iniciativa municipal a que la reforma de Extranjería, en vigor desde el pasado 13 de diciembre y aún por desarrollar, reconoce “más competencias” a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y dijo temer loa alcaldes “entiendan por ello que pueden poner limitaciones al empadronamiento cuando la ley no lo recoge”.
“Esto se veía venir y ya lo advirtieron varias organizaciones y asociaciones durante la reforma de la ley, pero el Gobierno dijo que de ninguna manera se prohibiría el empadronamiento de las personas en situación irregular”, señaló el portavoz de Rumiñahui.
La organización, que se encuentra en contacto con otras entidades para “estudiar posibles acciones contra esta iniciativa” del consistorio de Vic, reclama el restablecimiento del orden en el Padrón del municipio barcelonés, porque si una persona en situación irregular no puede registrarse “tampoco puede acceder a la sanidad ni a la educación públicas y eso es privarla de un derecho fundamental”.
“Vemos que en el caso de Vic se está dando esta viulneración de derechos que no va a promover la integración de las personas inmigrantes y parece ser que no sólo este ayuntamiento sino algunos otros tomarán cartas en el asunto y se dedicarán a no empadronar a la gente”, lamentó Jiménez.
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